lunes, 29 de noviembre de 2010

LA PRUEBA ILÍCITA, GARANTÍA ANTE EL PODER ESTATAL

LA PRUEBA ILÍCITA, GARANTÍA ANTE EL PODER ESTATAL[1]

“Si el estado aceptara combatir la delincuencia fundando en la comisión de delitos por parte de los encargados de luchar contra los mismos y sus

autores, llegaría a un momento en que no habría diferencia entre los delincuentes, pues unos (los funcionarios violadores de la ley) perseguirían a otros (los acusados), esto es, seria un circulo vicioso, pues, a su vez, habría que perseguir a los originales perseguidores para imponerles una pena. Y con ello la delincuencia extiende su campo de acción al desaparecer los “buenos” para aumentar los “malos”

JORGE SAVALA BAQUERIZO

El sistema penal acusatorio, respecto de la prueba y con el animo de establecer una base rectora y orientadora de la forma en que se debe conducir el debate adversarial, estatuyo una serie de principios[2] protectores de preceptos fundamentales y de consignas sustanciales que rigen no solo para el proceso, sino también para todas aquellas actuaciones que en su transcurso se generen. La finalidad de estas premisas radica en determinar el ejercicio del derecho fundamental a la defensa técnica y material en un estado social de derecho. Dichos principios representan unas cargas y prerrogativas a favor de las partes que tienen como finalidad materializar respeto estatal por los derechos fundamentales de las personas y por los mismos fines que para este se propusieron en la carta.

Un estado que consagra la seguridad jurídica y el debido proceso en su constitución no puede valerse de medios ilegales e ilegítimos para condenar. Recordemos entonces que la piedra angular de un proceso legal cualquiera radica en demostrar un hecho o serie de estos que tienen relevancia o trascendencia legal. El fin del proceso es conseguir una verdad, la verdad en torno al hecho jurídicamente relevante, y esto solo se logra por medio del debate procesal alrededor de las pruebas allegadas o solicitadas por las partes. Constituye afirmar entonces que la prueba es la piedra angular sobre la cual gira el proceso pues por medio de estas el juez adquirirá un grado de certeza en cuanto al hecho litigioso, entregándole una base y una razón para fallar a favor o en contra de cualquiera de las partes.

En nuestro ordenamiento legal esta consagrada la libertad probatoria; prerrogativa que confiere a cualquiera de las partes la potestad de decidir desde su perspectiva cual es la mejor forma de probar lo que cada parte procesal desea probar. Al juez le corresponde entonces la ardua tarea de aplicar a las pruebas los principios de necesidad, racionalidad, razonalidad y pertinencia, para así ejecutar bajo las reglas de la sana crítica una interpretación correcta de los medios de prueba allegados al proceso. No obstante el ordenamiento legal estatuye que para ciertos tipos de procesos debe haber un control más riguroso en razón a la directa relación que existe entre el proceso, sus resultas, y la posible afectación de derechos fundamentales de las partes; pero mas aun por la situación de inferioridad en que se encuentra un particular cuando actúa como contraparte del estado, estos es, en proceso penal y en nuestro reciente sistema penal acusatorio.

La prueba ilícita es quizá uno de los ejemplos que retoman estas dos situaciones; tanto inferioridad de la parte ante el poder probatorio del aparato estatal como la resulta de violación de derechos fundamentales; es por esta razón que la misma corte constitucional en reiterada jurisprudencia[3] a señalado que toda prueba obtenida con violación del principio de legalidad, o de derechos fundamentales, se refutará nula de pleno derecho y a consecuencia deberá ser excluida del proceso. la corte constitucional en la sentencia SU-159 de 2002 realizo un estudio de derecho comparado en torno al tratamiento de la prueba ilegal donde encontramos: La tradición anglosajona donde existe una regla general de exclusión de la prueba ilícita con dos tendencias: la primera de Estados Unidos donde la regla de exclusión es imperativa y no hay margen de discrecionalidad para el juez; y la de gran bretaña donde el juez cuenta con discrecionalidad para sopesar la prueba y aplicar factores de ponderación. La tradición Romana, ejemplificable en Francia e Italia donde la legislación establece un rígido sistema de nulidades sustanciales y procedimientos que exigen una debida fundamentación del juez al aplicarlas, y finalmente la tradición germánica donde no existe ni regla general de exclusión ni un sistema de nulidades, sino un sistema en el que el juez tiene el poder para determinar en cada caso cuando una prueba obtenida con violación de los derechos debe destinarse, aplicando un método de ponderación de factores múltiples jurídicamente relevantes[4]

En nuestro país nos hemos orientado hacia un sistema de regla general de exclusión, tal como explica la corte suprema “... en nuestro ordenamiento jurídico, las pruebas inconstitucionales, están sometidas a la regla de exclusión, bajo el sistema de la nulidad de pleno derecho sin que al respecto exista discrecionalidad judicial, como ocurre en el derecho comparado, ni sin que se pueda alegar como excepción, la prevalencia del interés general, puesto que tratándose de derechos fundamentales, inherentes a la dignidad humana, la prioridad del interese general no puede ser interpretada de tal manera que ella justifique la violación de los derechos fundamentales””[5]

No obstante el análisis hecho por la corte suprema en torno al sistema que debe prevalecer en Colombia en cuanto a la exclusión y potestad del juez ante la prueba ilícita, el verdadero debate en torno a dicha prueba fue dado en la sentencia SU-159 del 2002 en que la corte constitucional reafirmo que en virtud del precepto contenido en el articulo 29 de la constitución se acoge para nuestro ordenamiento la tendencia norteamericana[6]. Tendencia mediática entre la propuesta de gran bretaña y la alemana pues reafirma la regla general de exclusión de la prueba ilícita y sus derivadas pero establece unas excepciones taxativas.

Las tres excepciones contempladas y aplicadas en nuestro ordenamiento legal por precepto contemplado en el artículo 455[7] donde se afirma que “para los efectos del articulo 23 se debe considerar, al respecto, los siguientes criterios: el vinculo atenuado, la fuente independiente, el descubrimiento inevitable y los demás que establezca la ley” dicho articulo contempla la excepción a la regla general de exclusión citada en el articulo 23 del mismo código.

No obstante lo explicado en el párrafo anterior y en virtud de la base norteamericana de nuestro sistema probatorio aplicable al sistema penal acusatorio sobre la regla general de exclusión que para la doctrina colombiana contempla tres hipótesis que son: toda prueba violatoria de garantías fundamentales del proceso es nula y debe excluirse; toda prueba derivada (nexo causal) de una prueba ilícita es también nula y debe excluirse, y; toda prueba cuya existencia solo pueda explicarse por medio de una prueba ilícita, también es ilícita y debe excluirse; resulta aclarador especificar y realizar un breve análisis de las tres excepciones contempladas en el 455 del código del código de procedimiento penal.

La primera a analizar es la fuente independiente. Dicha excepción se constituye cuando a pesar de que la prueba derivada proviene de prueba ilícita se puede llegar a esta por medios probatorios legales. Para esta se hace necesaria la independencia de la prueba derivada que genera el rompimiento del nexo causal generando así la etiqueta de independiente para la prueba ante la primera considerada como ilícita. La siguiente excepción consagra el vínculo atenuado: “si el vinculo o nexo causal entre la prueba ilícita y entre la prueba que de ella se deriva se presenta de forma atenuada, se acepta que esta ultima es independiente y licita”[8] así si una prueba es considerada como ilícita por cualquiera de las causales antes mencionadas y dicha prueba a tenido derivaciones en actos posteriores donde el juez pueda contemplar la posibilidad de que entre la prueba ilícita y la derivada posterior existe un vinculo muy tenue pues se ha diluido o eliminado por falta de inmediación entre la prueba ilícita y los últimos actos. Finalmente el descubrimiento inevitable el cual hace referencia a que si no obstante existe una prueba ilícita de la cual se deriva directamente una prueba posterior, pero se prueba en el proceso que inevitablemente por medios probatorios lícitos que se ejecutaban en ese mismo instante se habría llegado de forma indefectible a la prueba derivada, se entenderá que la prueba derivada es licita por descubrimiento inevitable.

De no estar la prueba obtenida inmersa en alguna de las causales antes mencionadas se genera la sanción contemplada en el artículo 29 constitucional: nulidad de pleno; a consecuencia se da la exclusión de la prueba. Dicha exclusión tiene un significado trascendental pues excluye la prueba del proceso, es decir ésta no puede hacer parte ni de la acusación ni de la sentencia. Su exclusión efectiva del expediente es la garantía del efecto de nulidad de pleno derecho.

Es por eso importante analizar que en el proceso penal, donde una de las partes procesales es el Estado y la otra un ciudadano, evidente situación de desventaja e inferioridad, la prueba ilícita y la sanción de exclusión que sobre esta pesa funge como un limite al poder del estado, algo similar a la teoría de la balanza; teoría que busca en ultima instancia la protección de un pueblo ante la desmedida acción y poderío Estatal.

BIBLIOGRAFIA

  1. REFLEXIONES EN TORNO AL TRATAMIENTO DE LA PRUEBA ILICITA EN EL SISTEMA JURIDICO COLOMBIANO, RAMON PELAEZ HERNANDEZ

  1. MODULO iv PARA DEFENSORES PÚBLICOS, LA PRUEBA EN EL SISTEMA PENAL ACUSATOTIO

  1. IDEAS DE APROXIMACION A LA PRUEBA ILICITA, http://www.monografias.com/trabajos29/prueba-ilicita/prueba-ilicita.shtml

  1. ENSAYO: LA PRUEBA OBTENIDA CON VIOLACION DE LAS GARANTIAS FUNDAMENTALES Y SU EXCLUSION EN LA LEY 906 DEL 2004, ALFONZO DAZA GONZALEZ

  1. TEXTO SOBRE TERECHO PROBATORIO EN COLOMBIA,


[1] Ensayo realizado para la asignatura derecho probatorio por CRISTIAN CAMILO GONZALEZ PINEDA.

[2] Entre los principios que podríamos destacar como relevantes frente al tema probatorio tenemos: el de presunción de inocencia, el derecho a guardar silencio y a no auto incriminarse, el principio de legalidad, el principio de libertad probatoria, el principio de contradicción, el principio de inmediación, el de concentración y el principio de doble instancia. Estos principios atienden al derecho penal probatorio en el sistema adversarial oral.

[3] SU-159 de 2002, Mp Manuel Jose Cepeda Espinosa; C- 822 de 2005, entre otras.

[4] Tomado del modulo de pruebas para servidores públicos de la sección de análisis de la sentencia corte constitucional SU-159 del 2002

[5] Corte suprema de justicia. Sala de casación penal sentencia julio de 2004 M.P Hernan Galán Castellanos

[6] Esta doctrina es la que se ha incorporado al procedimiento penal colombiano, y tiene su origen en la jurisprudencia constitucional norteamericana de la primera mitad del siglo XX. Se denomino la doctrina del árbol de los frutos ponzoñosos o del árbol envenenado. Enuncia que la ilicitud de la prueba trasciende a las pruebas obtenidas o derivadas de aquella.

[7] Codigo de procedimiento penal colombiano

[8] Tomado del modulo de prueba para defensores publicos

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